dimarts, 19 d’abril de 2011

Fraude a la Seguridad Social, fraude a la existencia social

El pasado 11 de abril de 2011, se iniciaba el proceso judicial del llamado “Caso Karlos” en la Audiencia Provincial Cádiz, por un supuesto fraude a la Seguridad Social. Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique era el supuesto cabecilla del proceso y habría podido llegado a defraudar hasta 171.000 euros. María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, permanece también implicada en el caso por intentar comprar una pensión de minusvalía para su madre Remedios Torres Jiménez. El otro gran implicado es Francisco Casto Pérez, inspector en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Junta, era quién se encargaba de falsificar los informes para lograr las pensiones fraudulentas. El proceso judicial sigue en marcha y cuenta con escuchas telefónicas para juzgar a todos los acusados.

Dicho esto , estamos frente a un caso de fraude social. Son miles las personas que en España solicitan año tras año pensiones de minusvalía puesto que sus enfermedades les impiden trabajar. Y estas pensiones les son denegadas, no hay pensiones para todos y sólo las reciben los más desfavorecidos. ¿Es lógico que una familia con un alto poder adquisitivo cometa un fraude de este calibre?

En mi opinión, no. Remedios Torre, madre de María José Campanario, aspiraba a recibir una pensión de 2000 euros mensuales por su “supuesta minusvalía”, cuando en España existen más de 700 casos de ictus cerebrales y muchos de estos enfermos sólo llegan a cobrar hasta 600 euros mensuales por dicha enfermedad. Si no se les hubiera descubierto, la suegra del torero estaría cobrando un dinero excesivo y, para más inri, otra persona con una enfermedad real no podría llegar a fin de mes.

Como en todo, las irregularidades y los fraudes siguen día a día aumentando en nuestra sociedad. Las enfermedades no dependen de las personas, aparecen un día sin más e impiden que éstas personas hagan su vida con normalidad. El Estado no es el culpable ni está obligado a pagar una fortuna a estas personas pero, como mínimo, tendría que tener más en cuenta las situaciones tan precarias en las que se encuentran la mayoría de los enfermos. Muchos de ellos, al no poder ni trabajar ni valerse por sí mismos, necesitan la ayuda de otro miembro familiar activo que, a su vez, tiene que dejar de trabajar para hacerse cargo del enfermo. Éste, es el pan de cada día de un 17% de la población española. El Estado, en casos muy abrumadores, sólo se limita a pagar una cantidad simbólica al enfermo y en casos muy limitados, a mandar ayuda con personal médico una limitada cantidad de minutos al día. En cambio, los implicados en el “Caso Karlos”, aceptan dos de ellos afirmar ser culpables de la estafa y, pagando la fianza correspondiente, obtienen la libertad con cargos.

No hay que despreocuparse ni de lo uno ni de o otro. Lo cierto es que para que unos tengan unas cosas, otros tienen que estar peor. Lo más lógico hubiera sido hacerles pagar una pena más dura, no hablamos de asesinato pero si de fraude, y de lo que esto implica: que otras muchas familias hayan de malvivir por un dinero que se ha quedado otra señora.

Lamentablemente, la gente cada vez es más codiciosa, egoísta y menos humana. Si todos tuviéramos un poco de humanidad, este tipo de cosas no pasarían o se tendrían más en cuenta en nuestro país. Un delito cómo cualquier otro y con unas repercusiones que a ojos de muchos, ni se ven. Para el próximo año nuevo, pido al Estado que se revaloricen las ayudas a enfermos que no pueden trabajar y que no se gaste el dinero, en por ejemplo, apoyar una guerra que no va hacia ningún camino.